Se dice que la justicia demorada es sinónimo de justicia denegada. La percepción de una permanente incapacidad del sistema de justicia penal filipino de impartir justicia de manera rápida y eficaz ha provocado el inevitable deterioro de la confianza pública en el Gobierno. Como consecuencia, los ciudadanos viven sumidos en la ansiedad que provocan los continuos episodios de criminalidad y de violencia que afectan sus comunidades. El tipo de justicia que genera paz y prosperidad sigue sin alcanzarse en Filipinas, donde los casos de superpoblación carcelaria son cada vez peores y revelan las nefastas consecuencias para los derechos humanos de los reclusos. Parecería que el motivo por el que se ha llegado a esta situación es la maquinaria desbordada de un sistema penal que no ha sido capaz de mantenerse al ritmo de los crecientes índices de población, urbanización y criminalidad. También existe un presunto desequilibrio de la estructura judicial a raíz de la falta de jueces, fiscales y abogados defensores públicos suficientes para procesar los casos penales presentados por numerosos encargados de hacer cumplir la ley. Todos estos factores entorpecen los procesos de la justicia penal y han provocado, en muchos casos, crisis de derechos humanos en las cárceles. Sin embargo, los últimos acontecimientos que se han producido en este ámbito arrojan una luz de esperanza al pueblo filipino. (en inglés)