Los grupos insurgentes registran los nacimientos que tienen lugar en los territorios que controlan; aun así, los Estados no reconocen esos registros, lo que da origen a un vacío jurídico cuyas consecuencias para los niños son muy duras. Tomando como base las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la autora de este artículo sostiene que los grupos insurgentes tienen el poder inherente de registrar nacimientos a fin de cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, y que la obligación de los Estados de garantizar el derecho al reconocimiento como persona en virtud del derecho exige que los Estados reconozcan el registro de los nacimientos realizado por grupos insurgentes para no perjudicar a los niños.