En términos generales, el derecho internacional humanitario ha de proporcionar el marco jurídico para las operaciones cibernéticas durante un conflicto armado. Sin embargo, hay dos debates al respecto que no han concluido aún y cuya resolución determinará el nivel de protección exacto que ha de conferirse a la población civil durante las operaciones cibernéticas. El primero de esos debates gira en torno al significado del término “ataque” en distintas normas sobre la conducción de las hostilidades, mientras que el segundo pretende responder el interrogante de si la información puede considerarse un objeto de modo que las operaciones que la destruyan o la alteren estén sujetas a la prohibición de atacar bienes de carácter civil y sus consecuencias deban evaluarse al considerar los principios de proporcionalidad y precauciones en el ataque. Incluso si se llegaran a resolver esos debates, la población civil seguiría afrontando los riesgos inherentes a las capacidades particulares de las operaciones cibernéticas. En este artículo, se proponen dos políticas que las partes en conflicto deberían pensar en adoptar a fin de reducir esos riesgos. Ambas se basan en la premisa de que las operaciones militares deben reflejar un equilibrio entre las consideraciones militares y el interés de los Estados en imponerse en el conflicto.