En octubre de 2015, el Gobierno de Sri Lanka copatrocinó la resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, titulada "Promoción de la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka", por la cual se comprometió formalmente a dar inicio a un proceso de justicia transicional después de treinta años de conflicto armado. Durante ese período, se presume que desaparecieron miles y miles de personas, muchas de ellas, en relación con el conflicto o con disturbios interiores. En ese contexto, comenzó a funcionar en 2018 la Oficina de Personas Desaparecidas. Este artículo analiza el tipo de investigaciones sobre el paradero de personas desaparecidas que emprende la Oficina. Plantea que, si bien adoptan claramente un enfoque humanitario, no pueden estar separadas artificial y herméticamente de los procesos de la justicia penal. Además, se propone demostrar que la mejor vía para lograr verdad y justicia es la adopción de un enfoque integral que contemple y fomente un nexo fuerte con los procesos penales. (en inglés)