El proceso gradual de desestructuración de los Estados suele estar acompañado de violencia armada. Además de provocar estallidos ocasionales, en los Estados frágiles la violencia armada tiende a manifestarse con una intensidad relativamente baja, a menudo durante un período prolongado. El nivel real de violencia puede oscilar en torno al nivel de violencia comúnmente aceptado como el que desencadena la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH). Por otro lado, a causa de los objetivos específicos que por lo general —aunque no necesariamente siempre— persiguen los grupos armados en situaciones de conflicto en Estados desestructurados, los efectos indirectos que trascienden las fronteras son bastante frecuentes. Así, la clasificación de la violencia armada en tales situaciones en función de las categorías de conflictos establecidas en el DIH da lugar a una serie de cuestiones bastante específicas. Además, los Estados débiles, en vías de desestructuración y, en última instancia, los fallidos, se perciben cada vez más como una amenaza clave para la seguridad internacional. Los Estados parecen tender cada vez más a tomar el lugar de gobiernos incapacitados y asumir funciones esporádicas de mantenimiento del orden, con el objeto de mantener la amenaza a la seguridad observada dentro de un margen tolerable. Un buen ejemplo de esto son las medidas actuales para reprimir los actos de piratería frente a las costas de Somalia. Desde que en la resolución 1851 el Consejo de Seguridad esbozara al menos la posibilidad de aplicar el DIH en ese contexto específico, la aplicación de este régimen jurídico a operaciones esporádicas de aplicación de la ley por parte de terceros exige también un análisis más exhaustivo.