A pesar de que la noción de «respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos» se ha abierto camino en el mundo entero tras la Segunda Guerra Mundial y ha dejado su huella tanto en la legislación interna de muchos Estados como en el derecho internacional público, es un hecho que la tortura, violación grave de la dignidad inherente a la persona humana, se practica desde hace años —y sigue practicándose— en numerosos países de manera sistemática u ocasional. La tortura, por la cual «se infligen intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales», tiene por objeto obtener de esa persona información y confesiones, así como intimidarla y envilecerla y, por último, castigarla —de manera ilegítima— por un acto que haya cometido realmente o que se sospeche que ha cometido.