Uno de los principios de base del derecho internacional aplicable en los conflictos armados es que, para con la población civil, integrada, por definición, por personas que no participan en las hostilidades, no esta permitido ningún acto de guerra.Hasta la gran conflagración de los años 1939–1945, el derecho international no garantizaba prácticamente a la población civil una protección eficaz en caso de conflicto armado y no se proponía incluso tal objetivo, dado que la guerra se concebía entonces como una actividad estatal y que las personas civiles quedaban fuera de la lucha. Sin embargo, había principios y reglas generales, refrendados en diversos convenios internacionales, referentes, de una manera o de otra, tambien a la población civil.El principio inscrito en la Declaración de San Petersburgo de 1868, según el cual «el único objetivo legítimo que los Estados deben fijarse en tiempo de guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo», se puede interpretar en el sentido de que los autores del documento pensaron en la protección de la población civil contra los riesgos de un conflicto armado.