En las situaciones de conflicto armado, disturbios civiles y represión, cuando se cometen ataques contra las instalaciones, el personal de salud, los vehículos sanitarios y los pacientes, o los servicios de salud, se vuelve extremadamente difícil prestar asistencia cuando más se la necesita. El derecho internacional humanitario (DIH) prevé una protección eficaz de los servicios de salud en tiempo de conflicto armado, pero no está exento de lagunas. Por otra parte, no abarca las situaciones que no constituyen un conflicto armado. El presente artículo destaca la importancia de abordar estos problemas desde la perspectiva de los derechos humanos, basándose en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y en los derechos civiles y políticos. Los autores consideran, en particular, la Observación general n.º 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (relativa al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) como un marco normativo que permite seguir desarrollando la obligación de los Estados de respetar el derecho a la salud, protegerlo y garantizar su pleno ejercicio en todas las situaciones de conflicto.